III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Comunidad de Castilla y León. Convenio. (BOE-A-2022-21131)
Resolución de 7 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Universidad de Valladolid, para la realización de prácticas externas en la Dirección Provincial de Segovia.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 13 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 170997

ANEXO I
Compromiso de confidencialidad
Compromiso de confidencialidad de obligada aceptación para los estudiantes
universitarios que realicen prácticas externas en el Instituto Nacional
de la Seguridad Social
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la
Ley 4/2007 de 12 de abril, regula la homologación de planes de estudios, títulos
universitarios y doctorado, y estructura las enseñanzas universitarias en tres ciclos:
Grado, Máster y Doctorado.
El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de
su calidad, ofrece la posibilidad de introducir prácticas externas en los planes de estudio,
reforzando el compromiso con la empleabilidad y enriqueciendo la formación de los
estudiantes en un entorno acorde con la realidad diaria del ámbito profesional en el que
desarrollarán su actividad futura.
El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario, define las prácticas académicas externas como «una actividad
de naturaleza formativa realizada por los estudiantes y supervisada por las
universidades, cuyo objeto es permitir a los estudiantes aplicar y complementar los
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de
competencias que le preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten su
empleabilidad».
El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios, incluye «una nueva regulación
más acorde con lo establecido en la legislación vigente y que desarrolle, precise y aclare
algunos de los aspectos previstos en la misma, tales como los objetivos de las prácticas,
las entidades colaboradoras y los destinatarios, requisitos, tutorías y contenidos de los
convenios de cooperación educativa».
Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización
de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de la calidad, los
planes de estudios conducentes a la obtención del título de Grado y Máster Universitario
contendrán una formación teórica y práctica y entre esta formación práctica podrán
incluirse prácticas externas. En este sentido, es necesario que la Universidad, a
propuesta del órgano responsable del desarrollo del programa formativo, establezca
acuerdos de colaboración con otras instituciones u organismos públicos y privados, así
como con empresas o industrias. Todas estas colaboraciones deberán contar con la
autorización previa de la Universidad, a propuesta del órgano responsable del desarrollo
del estudio.
El derecho a la protección de los datos de carácter personal es un derecho
fundamental reconocido como tal por el ordenamiento jurídico supranacional y nacional y,
por lo tanto, de obligado reconocimiento y protección por parte de las administraciones
públicas y los empleados destinados en las mismas.
La legislación europea y española dispone de un conjunto de normas tendentes a
proteger la intimidad y confidencialidad de las personas físicas y jurídicas. Entre ellas
destacan el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales.
Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social dispone de multitud de bases
de datos, ficheros y aplicativos informáticos en los que se custodian y utilizan los datos
de carácter personal de todos los ciudadanos que constan como interesados en los

cve: BOE-A-2022-21131
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Núm. 298