BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 8 de diciembre de 2022

Sec. III. Pág. 169016

Las partes, intervienen en nombre y representación de sus respectivas
Administraciones Públicas, en ejercicio de las competencias que les están legalmente
atribuidas y se reconocen mutua y recíprocamente legitimidad y capacidad suficiente
para obligarse mediante el presente convenio en los términos que en él se contienen, y
al efecto,
EXPONEN
I
Que por Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de
bienestar social, de familia, de protección del menor, de cohesión y de atención a las
personas en situación de dependencia o con discapacidad. Asimismo, en dicha norma se
dispone como órgano superior la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a la que
se adscribe el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, entidad gestora de la Seguridad
Social, según recoge el artículo 2.5 del Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Que el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la
estructura orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales atribuye a
este la gestión de los Servicios Sociales complementarios del Sistema de la Seguridad
Social, así como la gestión de los planes, programas y servicios de ámbito estatal para
personas mayores y personas en situación de dependencia.
II
Que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con su
Estatuto de Autonomía, es competente en materia de servicios sociales y, en virtud de
ello, ha desarrollado proyectos de atención y cuidado de las personas mayores y
personas con discapacidad en situación de dependencia y ha creado recursos e
infraestructuras para ello en colaboración con la Administración General del Estado, con
el fin de mejorar la atención de las personas que precisan del apoyo de otra u otras
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria y
mantener un determinado nivel de calidad de vida.
III
Que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, al configurar el Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) establece tres niveles de protección,
correspondiendo la financiación del nivel mínimo a la Administración General del Estado,
y la financiación del nivel acordado a la Administración General del Estado y a la
Administración de cada una de las comunidades autónomas, a través de los convenios a
que se refiere el artículo 10 de dicha ley.
De esta forma, los citados convenios se configuran como el instrumento a través del
cual las Administraciones Públicas intervinientes acuerdan los objetivos, medios y
recursos en desarrollo del Marco de Cooperación Interadministrativa acordado en el
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

cve: BOE-A-2022-20793
Verificable en https://www.boe.es

Núm. 294