III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Subvenciones. (BOE-A-2022-19605)
Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre la concesión de subvenciones a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 283
Viernes 25 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 160802
competencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, se
evite la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el
Estado competencias que no le corresponden. Como entonces afirmamos, 'la lealtad
constitucional obliga a todos' (STC 209/1990, FJ 4) y comprende, sin duda, el respeto a
las decisiones de este Alto Tribunal" (FJ 8). Su cumplimiento pleno y tempestivo, al que
vienen obligados todos los poderes públicos (art. 87.1 LOTC), exige que el Estado
aborde sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones, a fin de
acomodarlo para futuras convocatorias a lo que resulta de la clara y excesivamente
reiterada doctrina constitucional, en su dimensión tanto normativa como ejecutiva.»
Segundo.
La primera consecuencia de la señalada Sentencia del Tribunal Constitucional fue la
de abordar la modificación del marco regulador a través del establecimiento de dos
tramos diferenciados, el estatal y el autonómico, para que cada administración pudiera
tramitar los correspondientes procedimientos de concesión de subvenciones de manera
coherente con sus respectivos ámbitos competenciales. Ello se tradujo, en un primer
momento y en el caso de la Administración General del Estado, en establecimiento de
las nuevas bases reguladoras de las subvenciones estatales para la realización de
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF a través del
Real Decreto 729/2017, de 21 de julio.
Posteriormente, en el marco del «Acuerdo Estable sobre los fondos del 0,7 del IRPF
de Sociedades Destinados al Tercer Sector de Acción Social» aprobado por el Pleno del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, en su sesión del 18 de junio de 2021, se estableció un nuevo marco, con
un horizonte de cinco años, en el que, entre otras cuestiones, se acordó lo siguiente:
– Que el sistema de distribución de los fondos destinados a actividades de interés
general consideradas de interés social entre un tramo estatal y otro autonómico
comprendería, además de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y las dos terceras partes del valor del caudal relicto
procedente de las herencias abintestato, la recientemente creada asignación tributaria
correspondiente al 0,7 por ciento del Impuesto sobre Sociedades.
– Avanzar progresivamente en el incremento del tramo autonómico con fondos
procedentes del tramo estatal hasta alcanzar una distribución fija del 80 %-20 % en el
año 2023.
– Determinar la categoría de proyectos a financiar con cargo al tramo estatal y de
manera directa por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, siempre a favor de
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.
– Establecer los criterios objetivos que, sin perjuicio de posibles medidas
correctoras, sería el que determinaría el reparto del tramo autonómico entre las
comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía.
– Este acuerdo tendría una vigencia de cinco años, concluidos los cuales el Consejo
Territorial podría revisarlo o prorrogarlo por otro periodo de igual duración.
De acuerdo con el Acuerdo Estable sobre los fondos del 0,7 del IRPF de Sociedades
Destinados al Tercer Sector de Acción Social de 18 de junio de 2021, el Consejo de
Ministros, en su sesión de 28 de septiembre de ese mismo año, aprobó el Real
Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general
consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales. A través de estas bases reguladoras se ha consolidado el sistema que rige en
las subvenciones gestionadas de forma centralizada por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 cuyos principios implican en cumplimiento del mencionado
cve: BOE-A-2022-19605
Verificable en https://www.boe.es
Tercero.
Núm. 283
Viernes 25 de noviembre de 2022
Sec. III. Pág. 160802
competencias que se desprende de la Constitución y los Estatutos de Autonomía, se
evite la persistencia de situaciones anómalas en las que sigan siendo ejercitadas por el
Estado competencias que no le corresponden. Como entonces afirmamos, 'la lealtad
constitucional obliga a todos' (STC 209/1990, FJ 4) y comprende, sin duda, el respeto a
las decisiones de este Alto Tribunal" (FJ 8). Su cumplimiento pleno y tempestivo, al que
vienen obligados todos los poderes públicos (art. 87.1 LOTC), exige que el Estado
aborde sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones, a fin de
acomodarlo para futuras convocatorias a lo que resulta de la clara y excesivamente
reiterada doctrina constitucional, en su dimensión tanto normativa como ejecutiva.»
Segundo.
La primera consecuencia de la señalada Sentencia del Tribunal Constitucional fue la
de abordar la modificación del marco regulador a través del establecimiento de dos
tramos diferenciados, el estatal y el autonómico, para que cada administración pudiera
tramitar los correspondientes procedimientos de concesión de subvenciones de manera
coherente con sus respectivos ámbitos competenciales. Ello se tradujo, en un primer
momento y en el caso de la Administración General del Estado, en establecimiento de
las nuevas bases reguladoras de las subvenciones estatales para la realización de
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF a través del
Real Decreto 729/2017, de 21 de julio.
Posteriormente, en el marco del «Acuerdo Estable sobre los fondos del 0,7 del IRPF
de Sociedades Destinados al Tercer Sector de Acción Social» aprobado por el Pleno del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, en su sesión del 18 de junio de 2021, se estableció un nuevo marco, con
un horizonte de cinco años, en el que, entre otras cuestiones, se acordó lo siguiente:
– Que el sistema de distribución de los fondos destinados a actividades de interés
general consideradas de interés social entre un tramo estatal y otro autonómico
comprendería, además de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y las dos terceras partes del valor del caudal relicto
procedente de las herencias abintestato, la recientemente creada asignación tributaria
correspondiente al 0,7 por ciento del Impuesto sobre Sociedades.
– Avanzar progresivamente en el incremento del tramo autonómico con fondos
procedentes del tramo estatal hasta alcanzar una distribución fija del 80 %-20 % en el
año 2023.
– Determinar la categoría de proyectos a financiar con cargo al tramo estatal y de
manera directa por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, siempre a favor de
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.
– Establecer los criterios objetivos que, sin perjuicio de posibles medidas
correctoras, sería el que determinaría el reparto del tramo autonómico entre las
comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía.
– Este acuerdo tendría una vigencia de cinco años, concluidos los cuales el Consejo
Territorial podría revisarlo o prorrogarlo por otro periodo de igual duración.
De acuerdo con el Acuerdo Estable sobre los fondos del 0,7 del IRPF de Sociedades
Destinados al Tercer Sector de Acción Social de 18 de junio de 2021, el Consejo de
Ministros, en su sesión de 28 de septiembre de ese mismo año, aprobó el Real
Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general
consideradas de interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales. A través de estas bases reguladoras se ha consolidado el sistema que rige en
las subvenciones gestionadas de forma centralizada por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 cuyos principios implican en cumplimiento del mencionado
cve: BOE-A-2022-19605
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Tercero.
