BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 241

Viernes 7 de octubre de 2022

Sec. III. Pág. 137847

materias, en Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
La Ley de Cantabria 2/2007 de 25 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales,
establece en su artículo 14, entre otras funciones de los Servicios Sociales de Atención
Primaria: ofrecer información, evaluación, diagnóstico y orientación en materia de
servicios sociales: detectar, analizar y valorar las situaciones de necesidad existentes en
su ámbito territorial, proporcionando la información necesaria para la planificación en el
ámbito local y autonómico; proporcionar los recursos y medios que faciliten la integración
y la participación social de las personas, unidades de convivencia y grupos en la
comunidad; realizar actuaciones preventivas e intervenir en las situaciones de riesgo y
de necesidad social del conjunto de la población.
Asimismo, el artículo 55 de la Ley de Cantabria 2/2007 de 25 de marzo, de Derechos
y Servicios Sociales, establece que Las Administraciones Públicas competentes en
materia de servicios sociales, de conformidad con los instrumentos previstos en el
ordenamiento jurídico, podrán establecer conciertos, encomendar la prestación o gestión
de sus servicios y establecer convenios de colaboración u otras modalidades de
cooperación con otras Administraciones o con entidades prestadoras de servicios
sociales que figuren inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales
previsto en el artículo 80 de esta Ley con el objeto de instrumentar la colaboración en
dicho ámbito.
Quinto.
Que al objeto de paliar el impacto económico y social provocado por la irrupción del
COVID-19 y apoyar la recuperación económica, el Consejo Europeo del 21 de julio
de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin
precedentes y de un planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la
resiliencia y la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de
gran alcance.
Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado
y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation
EU»). Este Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España unos 140.000
millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2023. La
instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo Europeo de
Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación Transformación y
Resiliencia. Los proyectos que constituyen dicho Plan permitirán la realización de
reformas estructurales los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones, y,
por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la
economía tras la pandemia causada por el COVID-19 y además una transformación
hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con
éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.

Que, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones participa en el Componente 23
«Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo»,
encuadrado en el área política VII «Nueva economía de los cuidados y políticas de
empleo».
Entre las reformas e inversiones propuestas en este Componente 23 se incluye la
inversión C23.I7 Fomento del Crecimiento Inclusivo mediante la vinculación de las
políticas de inclusión sociolaboral al Ingreso Mínimo Vital, con una dotación de 297,95
millones de euros, que promueve la implantación de un nuevo modelo de inclusión a
partir del ingreso mínimo vital (IMV), que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas
de pobreza extrema y moderada. Para lograr este objetivo, se ha planteado, entre otros,

cve: BOE-A-2022-16390
Verificable en https://www.boe.es

Sexto.