BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 45

Martes 22 de febrero de 2022

Sec. V-B. Pág. 8670

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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

5497

Resolución de 17 de febrero de 2022 de la Delegación del Gobierno en
Madrid, sobre re vocación de proce dimie ntos administrativos
sancionadores y anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas
en los mismos.

Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo
de la presente resolución y analizados los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Esta Delegación del Gobierno en Madrid dictó en su momento
resolución sancionadora respecto de los procedimientos objeto de la presente
resolución y relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o
5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del
Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el
incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del
Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo
36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
Segundo.- En las mencionadas resoluciones se imponían sanciones de multa,
no constando que se haya procedido al pago de las mismas.
Y teniendo en cuenta los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que "El órgano
administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la
forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno".

Tercero.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional establece que "Las sentencias declaratorias de la
inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa
juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contenciosoadministrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como
consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena
o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad".

cve: BOE-B-2022-5497
Verificable en https://www.boe.es

Segundo.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021,
de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad n.º 20542020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1,
3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.