III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE JUSTICIA. Recursos. (BOE-A-2022-2307)
Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora mercantil I de Madrid, por la que se rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2020.
16 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 14 de febrero de 2022
Sec. III. Pág. 18825
Constitución), de modo que, según el artículo 23.2 de la Ley 50/1997, los Reglamentas
no pueden regular materias reservadas o la Ley ni infringir normas con dicho rango,
debiéndose ajustar siempre a ese principio de jerarquía normativo (artículo 1.2 del
Código Civil), pues, de lo contrario, incurrirían en lo nulidad de pleno derecho can que
sanciona esas vulneraciones y extralimitaciones el artículo 62.2 de lo Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de los Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Con estas consideraciones de carácter general pretendemos salir
al poso de la machacona alegación con que las Administraciones demandados intentan
explicar el ejercicio de lo potestad reglamentaria en materia inmobiliario-registral, cual es
que ésta tiene un carácter meramente técnico, pues ello no presupone laxitud en el
estricto respeto de los aludidos principios básicos del sistema jurídico, teniendo en
cuento, además, que gran parte de los preceptos de la Ley Hipotecaria tienen ese mismo
carácter... Aun cuando la reforma del Reglamento Hipotecario pretenda dar respuesta a
las necesidades del tráfico inmobiliario actual y a otras realidades extrarregistrales, lo
cierto es que na puede efectuarse en contra o al margen de la Ley Hipotecario, el Código
Civil o cualquier otra disposición con rango de ley, pues el cometido de desarrollo y
colaboración propio del Reglamento no puede alcanzarse a costo de aquellos principios,
a pesar de que lo Ley pueda contener elementos ilógicos insalvables mediante la
interpretación, lo que, en tal caso, justificaría su sustitución por vio parlamentaria y no
reglamentaria...
Crear una serie de derechos Obligaciones que exceden del modesto cometido de un
Reglamento e invaden la regulación sustantiva de los derechos civiles reservada a una
ley formal....al afectar o la tradicional reservo de Ley en materia de propiedad y otros
derechos civiles, mantenida en la vigente Constitución al exigir que su contenido se
delimite de acuerdo con los Leyes (artículo 33) e incluir entre las competencias del
Estado la legislación civil (con las salvedades forales) al igual que la mercantil o la
procesal (artículo 149.6.ª y 8.ª).
La claridad de la conclusión es evidente: en el ámbito privado, la regulación de los
derechos de las personas jurídicas, la imposición de nuevos deberes y obligaciones,
requiere de intervención legal dotada de suficiente contenido.
En el caso concreto de la materia de la Orden, ésta hace referencia al deber de
realizar la declaración de titularidad real de conformidad con los artículos 3.6 y 30 de la
IV Directiva y 4.2 b) y c) de la Ley 10/2010 y 8 del RD 304/2014.
No obstante, si revisamos el contenido de estos preceptos resulta que tanto el
artículo 3.6) de la IV Directiva como los artículos 4.2 b y c) de la Ley 10/2010 y 8 del
RD 304/2014 se limitan a definir el concepto de "titular real". Establecen el concepto,
pero no imponen la obligación formal a sujeto alguno de declarar su titularidad real. Más
aún, el inciso final del artículo 3.6) a) ji) de la IV Directiva señala a "las entidades
obligadas", concepto legalmente definido como se expresa a continuación, como a los
sujetos "que han de conservar los registros de las medidas tomadas para identificar a
quien ejerce la titularidad real" con arreglo al precepto. Responde así al criterio legal que
resulta del sistema de las directivas en la materia previas a la Directiva IV que recoge la
ley y el reglamento de prevención de blanqueo españoles: que las obligaciones que
establece esta normativa solo tienen unos destinatarios específicos y legalmente
definidos: "los sujetos obligados".
La legislación de prevención y blanqueo se aplica a los sujetos obligados y estos son
exclusivamente los definidos en el artículo 2 de la Ley 10/2010 y 2 de la IV Directiva.
Es a los "sujetos obligados" a los que se exige la totalidad de los deberes impuestos
en la normativa de prevención del blanqueo: (i) el deber de identificación formal de las
personas que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en operaciones;
(ii) el deber de identificar al titular real; (iii) el deber de obtener la información sobre el
propósito e índole prevista de la relación de negocios; y (iv) el deber de aplicar las
medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.
cve: BOE-A-2022-2307
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 38
Lunes 14 de febrero de 2022
Sec. III. Pág. 18825
Constitución), de modo que, según el artículo 23.2 de la Ley 50/1997, los Reglamentas
no pueden regular materias reservadas o la Ley ni infringir normas con dicho rango,
debiéndose ajustar siempre a ese principio de jerarquía normativo (artículo 1.2 del
Código Civil), pues, de lo contrario, incurrirían en lo nulidad de pleno derecho can que
sanciona esas vulneraciones y extralimitaciones el artículo 62.2 de lo Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de los Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Con estas consideraciones de carácter general pretendemos salir
al poso de la machacona alegación con que las Administraciones demandados intentan
explicar el ejercicio de lo potestad reglamentaria en materia inmobiliario-registral, cual es
que ésta tiene un carácter meramente técnico, pues ello no presupone laxitud en el
estricto respeto de los aludidos principios básicos del sistema jurídico, teniendo en
cuento, además, que gran parte de los preceptos de la Ley Hipotecaria tienen ese mismo
carácter... Aun cuando la reforma del Reglamento Hipotecario pretenda dar respuesta a
las necesidades del tráfico inmobiliario actual y a otras realidades extrarregistrales, lo
cierto es que na puede efectuarse en contra o al margen de la Ley Hipotecario, el Código
Civil o cualquier otra disposición con rango de ley, pues el cometido de desarrollo y
colaboración propio del Reglamento no puede alcanzarse a costo de aquellos principios,
a pesar de que lo Ley pueda contener elementos ilógicos insalvables mediante la
interpretación, lo que, en tal caso, justificaría su sustitución por vio parlamentaria y no
reglamentaria...
Crear una serie de derechos Obligaciones que exceden del modesto cometido de un
Reglamento e invaden la regulación sustantiva de los derechos civiles reservada a una
ley formal....al afectar o la tradicional reservo de Ley en materia de propiedad y otros
derechos civiles, mantenida en la vigente Constitución al exigir que su contenido se
delimite de acuerdo con los Leyes (artículo 33) e incluir entre las competencias del
Estado la legislación civil (con las salvedades forales) al igual que la mercantil o la
procesal (artículo 149.6.ª y 8.ª).
La claridad de la conclusión es evidente: en el ámbito privado, la regulación de los
derechos de las personas jurídicas, la imposición de nuevos deberes y obligaciones,
requiere de intervención legal dotada de suficiente contenido.
En el caso concreto de la materia de la Orden, ésta hace referencia al deber de
realizar la declaración de titularidad real de conformidad con los artículos 3.6 y 30 de la
IV Directiva y 4.2 b) y c) de la Ley 10/2010 y 8 del RD 304/2014.
No obstante, si revisamos el contenido de estos preceptos resulta que tanto el
artículo 3.6) de la IV Directiva como los artículos 4.2 b y c) de la Ley 10/2010 y 8 del
RD 304/2014 se limitan a definir el concepto de "titular real". Establecen el concepto,
pero no imponen la obligación formal a sujeto alguno de declarar su titularidad real. Más
aún, el inciso final del artículo 3.6) a) ji) de la IV Directiva señala a "las entidades
obligadas", concepto legalmente definido como se expresa a continuación, como a los
sujetos "que han de conservar los registros de las medidas tomadas para identificar a
quien ejerce la titularidad real" con arreglo al precepto. Responde así al criterio legal que
resulta del sistema de las directivas en la materia previas a la Directiva IV que recoge la
ley y el reglamento de prevención de blanqueo españoles: que las obligaciones que
establece esta normativa solo tienen unos destinatarios específicos y legalmente
definidos: "los sujetos obligados".
La legislación de prevención y blanqueo se aplica a los sujetos obligados y estos son
exclusivamente los definidos en el artículo 2 de la Ley 10/2010 y 2 de la IV Directiva.
Es a los "sujetos obligados" a los que se exige la totalidad de los deberes impuestos
en la normativa de prevención del blanqueo: (i) el deber de identificación formal de las
personas que pretendan establecer relaciones de negocio o intervenir en operaciones;
(ii) el deber de identificar al titular real; (iii) el deber de obtener la información sobre el
propósito e índole prevista de la relación de negocios; y (iv) el deber de aplicar las
medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.
cve: BOE-A-2022-2307
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 38
