BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 38

Lunes 14 de febrero de 2022

Sec. III. Pág. 18830

normativa reguladora de protección de datos de carácter personal (número de DNI/NIF,
fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, etc.), supone una vulneración de
esta última.
Frente a esto no cabe decir que la normativa relativa a la prevención del blanqueo de
capitales que cita la resolución denegatoria de la inscripción (Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 y Ley 10/2010, de 28 de
abril) exija la existencia de una base de datos en el Registro Mercantil, puesto que ya
existe un registro público de titularidades reales cuyo acceso es libre para las
administraciones públicas y para los demás sujetos obligados en virtud de convenio,
como es, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Prevención de
Blanqueo (artículo 9.6), la Base de Datos de titularidades reales, derivada del "Índice
Único Informatizado a cargo del Consejo General del Notariado", que se encuentra
regulado en el artículo 17.2 de la Ley del Notariado. Este Registro, al no tener
implantado un régimen de acceso libre, sí que garantiza, en la medida de lo posible, la
protección de la privacidad de la identidad de los titulares reales, sin ser accesibles
libremente por cualquiera, como pasaría en el Registro Mercantil al que me dirijo si se
permite que los datos personales de los titulares reales queden registrados.
En definitiva, entendemos que la exigencia contenida en la normativa relativa al
blanqueo de capitales que se cita como fundamento de la denegación de la inscripción
(Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015,
y Ley 10/2010 de 28 de abril): (i) no puede fundamentar una vulneración de la normativa
relativa a la protección de datos, y (ii) su exigencia respecto a la necesaria existencia de
un registro público de titularidades reales está debidamente cumplida en nuestro
ordenamiento nacional con la existencia de la Base de Datos de titularidades reales
regulada en el artículo 17.2 de la Ley del Notariado.
Además, mi representada ha cumplido, cumple y cumplirá con estas exigencias
legales.
Por todo ello, dado que el propio formulario sobre titularidades reales que se
acompaña que se exige para la presentación de las Cuentas Anuales en el Registro
Mercantil vulneraría las previsiones legales sobre protección de datos de carácter
personal, entendemos que una pretendida indebida cumplimentación del mismo no
puede fundamentar la denegación de inscripción de las Cuentas Anuales presentadas,
por lo que, también por este motivo, procede la estimación del presente recurso, al haber
quedado demostrado que la resolución impugnada resulta ser contraria a Derecho.

Suplico a la Sra. registradora Mercantil de Madrid que, se tenga por presentado este
escrito con los documentos que lo acompañan, los admita, y tenga por interpuesto
recurso gubernativo contra la Nota de Calificación de la Sra. Registradora, doña Isabel
Adoración Antoniano González, de 11 de septiembre de 2021, notificada el 14 de
septiembre de 2021, y, tras los trámites preceptivos, remita el recurso interpuesto a la
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes Dirección General de los
Registros y del Notariado) (…)
Otrosí digo. Suplico a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
(antes Dirección General de los Registros y del Notariado) que, en virtud de todo lo
expuesto, y tras los trámites oportunos, estime el presente recurso y, en virtud del
mismo, revoque la Nota de Calificación de la Sra. Registradora, doña Isabel Adoración
Antoniano González, de 11 de septiembre de 2021, notificada el 14 de septiembre
de 2021, dictando en su lugar una resolución estimatoria del recurso gubernativo que
obligue a la Sra. Registradora de lo Mercantil de Madrid a depositar en el Registro
Mercantil las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020».

cve: BOE-A-2022-2307
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Por todo lo expuesto,