BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 312

Miércoles 29 de diciembre de 2021

Sec. III. Pág. 166398

EXPONEN
Primero.
Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación y, la
propia Ley regula en su capítulo VI del título preliminar el Convenio como instrumento
con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos entre Administraciones para un
fin común.
Segundo.
Que el artículo 157.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señala que las
Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al
mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación deberá consultar si
existen soluciones disponibles para su reutilización, que pueden satisfacer total o
parcialmente las necesidades que se pretenden cubrir. En este mismo sentido, el Real
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, con el fin de minorar al
máximo los costes derivados de la implantación y desarrollo de las soluciones
tecnológicas y de garantizar en todo caso el derecho de los ciudadanos a acceder
electrónicamente a los servicios públicos, impone a las Administraciones en su
artículo 17, el deber de tener en cuenta las soluciones disponibles que puedan satisfacer
total o parcialmente las necesidades de nuevos sistemas o servicios o la mejora y
actualización de los ya implantados.

Que de conformidad con la política de cooperación interadministrativa que se deriva
de las iniciativas de la UE en el ámbito de la administración electrónica y que se recogen
en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Pleno de la Diputación de
Albacete, en sesión de 1 de diciembre de 2017, adoptó el acuerdo de poner a
disposición de las Administraciones Públicas que lo soliciten y reúnan requisitos de
capacidad técnica suficiente, la utilización en modo servicio, de las aplicaciones de
Administración Electrónica integradas en la plataforma Sedipualba.
Dicha puesta a disposición se ha hecho extensiva por acuerdo de pleno de fecha 17
de abril de 2020 a los organismos de derecho público de derecho público que si bien no
ejercen potestades administrativas sí que pueden ser consideradas como
Administraciones en cuanto a su funcionamiento interno y a su relación con sus
integrantes encontrándose sometidas, en esas actuaciones, al derecho administrativo y a
la acción revisora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como viene a establecer
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
por lo que a esos efectos les resultarían de aplicación los preceptos de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas que en su artículo 2 extiende su ámbito de aplicación a «cualesquiera
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las
Administraciones Públicas».
Esta colaboración se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 157.1 de la citada ley
que establece que «las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas
que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto
de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la
información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma.
Las Administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de
adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas».

cve: BOE-A-2021-21758
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Tercero.