III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio. (BOE-A-2021-20522)
Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 11 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 152627
responsabilidad activa, destaca la Resolución de 14 de septiembre de 2018, por la que
se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación de la
entonces «Tarjeta Social Universal», (en la actualidad, ha de entenderse «Tarjeta Social
Digital), publicada en el BOE el día 20 de septiembre de 2018.
Cuatro. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), constituye la
norma de referencia del Derecho de la Unión Europea, estableciendo, entre otros
elementos, las bases jurídicas legítimas para la justificación de los diversos tratamientos
de los datos personales en su artículo 6 por parte del responsable del tratamiento,
adquiriendo mayor capacidad, de decisión y, a la vez, más obligaciones de asistencia a
los titulares del dato así como establecer las garantías y condiciones para una seguridad
activa.
Cinco. Por otra parte, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, obliga a
los responsables de los sistemas de información a clasificar sus sistemas y aplicar, en
consecuencia, y de acuerdo con un análisis de los riesgos de seguridad, las medidas de
seguridad necesarias que combatan dichos riesgos.
Seis. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su artículo 77.1, dispone que los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social
en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para
los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la
cesión o comunicación tenga por objeto alguno de los que expresamente se enumeran
en dicho artículo.
Siete. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
establece en su artículo 141 el deber de colaboración entre las Administraciones
Públicas, recogiendo en el número 1 c) la obligación de facilitar a las otras
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el
ejercicio de sus propias competencias, concretando en su artículo 142 -como una de las
técnicas de colaboración el suministro de datos que se hallen a disposición del
organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración
solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
Ocho. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, en su
disposición adicional centésima cuadragésima primera establece en su apartado cuatro
que Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas
responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de contenido
económico enumeradas en el apartado Dos facilitarán al Instituto Nacional de la
Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos Identificativos
de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o
condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, de los
beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y
clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o
reconocimiento.
En este contexto, los representantes de las partes consideran necesario para el
cumplimiento de sus respectivos fines, establecer y definir las actuaciones, tanto por
parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social como responsable de la gestión y
administración del sistema de información TSD como por parte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, como administración gestora de prestaciones sociales públicas
de contenido económico, en su doble función de suministradora de información a TSD y
de usuaria de los servicios de TSD, para garantizar un sistema estable y periódico de
actualización y consolidación del sistema de información Tarjeta Social Digital como
cve: BOE-A-2021-20522
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 296
Sábado 11 de diciembre de 2021
Sec. III. Pág. 152627
responsabilidad activa, destaca la Resolución de 14 de septiembre de 2018, por la que
se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación de la
entonces «Tarjeta Social Universal», (en la actualidad, ha de entenderse «Tarjeta Social
Digital), publicada en el BOE el día 20 de septiembre de 2018.
Cuatro. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), constituye la
norma de referencia del Derecho de la Unión Europea, estableciendo, entre otros
elementos, las bases jurídicas legítimas para la justificación de los diversos tratamientos
de los datos personales en su artículo 6 por parte del responsable del tratamiento,
adquiriendo mayor capacidad, de decisión y, a la vez, más obligaciones de asistencia a
los titulares del dato así como establecer las garantías y condiciones para una seguridad
activa.
Cinco. Por otra parte, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, obliga a
los responsables de los sistemas de información a clasificar sus sistemas y aplicar, en
consecuencia, y de acuerdo con un análisis de los riesgos de seguridad, las medidas de
seguridad necesarias que combatan dichos riesgos.
Seis. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en su artículo 77.1, dispone que los
datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social
en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán utilizarse para
los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la
cesión o comunicación tenga por objeto alguno de los que expresamente se enumeran
en dicho artículo.
Siete. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
establece en su artículo 141 el deber de colaboración entre las Administraciones
Públicas, recogiendo en el número 1 c) la obligación de facilitar a las otras
Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el
ejercicio de sus propias competencias, concretando en su artículo 142 -como una de las
técnicas de colaboración el suministro de datos que se hallen a disposición del
organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración
solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.
Ocho. La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, en su
disposición adicional centésima cuadragésima primera establece en su apartado cuatro
que Las administraciones públicas, entidades y organismos y empresas públicas
responsables de la gestión de las prestaciones sociales públicas de contenido
económico enumeradas en el apartado Dos facilitarán al Instituto Nacional de la
Seguridad Social la información actualizada correspondiente a los datos Identificativos
de los titulares de las prestaciones económicas, así como, en cuanto determinen o
condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, de los
beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, y los importes y
clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o
reconocimiento.
En este contexto, los representantes de las partes consideran necesario para el
cumplimiento de sus respectivos fines, establecer y definir las actuaciones, tanto por
parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social como responsable de la gestión y
administración del sistema de información TSD como por parte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, como administración gestora de prestaciones sociales públicas
de contenido económico, en su doble función de suministradora de información a TSD y
de usuaria de los servicios de TSD, para garantizar un sistema estable y periódico de
actualización y consolidación del sistema de información Tarjeta Social Digital como
cve: BOE-A-2021-20522
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 296
