BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 246

Jueves 14 de octubre de 2021

Sec. III. Pág. 125270

Segundo.
Que al Ministerio del Interior, según el artículo 1.1. del Real Decreto 734/2020, de 4
de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica le corresponde la
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana; la
promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en
particular, la libertad y seguridad personales, en los términos establecidos en la
Constitución Española y en las leyes que los desarrollen; el mando superior y la
dirección y coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tercero.
Que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, regula, dentro de los principios rectores de las
políticas públicas, el bienestar y la cohesión social (artículo 23), y la protección social y
familiar que se orientará de acuerdo con el objetivo de garantizar la igualdad entre el
hombre y la mujer en todos los ámbitos, con atención especial a la educación, el acceso
al empleo y las condiciones de trabajo (artículo 24 c). Por su parte, corresponde a la
Comunidad Autónoma de Aragón competencia exclusiva sobre la materia de los
servicios sociales recogida en el artículo 71.34.ª, Acción social, que comprende la
ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que
atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas
mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección
especial, así como en materia de sanidad recogida en el artículo 71.55.ª, Sanidad y salud
pública, en especial, la organización, el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el
control de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La Comunidad Autónoma
participará, de acuerdo con el Estado, en la planificación y la coordinación estatal en lo
relativo a sanidad y salud pública, y en materia de igualdad en el artículo 71.37.ª,
Políticas de igualdad social, que comprenden el establecimiento de medidas de
discriminación positiva, prevención y protección social ante todo tipo de violencia, y,
especialmente, la de género.
En ejercicio de las referidas competencias se han dictado diversas leyes con especial
incidencia en el ámbito de la protección contra la violencia de género, en especial la
Ley 4/2007, de 22 de marzo, de prevención y protección integral de las mujeres víctimas
de violencia en Aragón, cuyo objeto es la adopción de medidas integrales dirigidas a la
sensibilización, prevención y erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, así
como la protección, asistencia y seguimiento a las víctimas de violencia ejercida contra la
mujer, y la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón, que incluye como uno de los principios generales de la actuación de
los poderes públicos aragoneses, la intervención para la prevención y protección integral
a las mujeres víctimas de violencia en Aragón.

Que las partes son conscientes de la gravedad y persistencia de las infracciones
penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la violencia de
género, por ello consideran necesario profundizar en las medidas de protección a las
víctimas, a través de una adecuada coordinación de las actuaciones entre ambas
Administraciones, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones.
En este contexto, resulta fundamental disponer de un registro con la información que
permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y
de la evolución del riesgo en que se encuentren.

cve: BOE-A-2021-16662
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Cuarto.