BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 216

Jueves 9 de septiembre de 2021

I)

Sec. III. Pág. 108910

INTEROPERABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

El RD 4/2010, de 8 de enero, regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) en el ámbito
de la Administración Electrónica, cuya finalidad es la creación de las condiciones necesarias para
garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas
y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos
y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que
redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.
De las comprobaciones realizadas sobre su grado de aplicación en la CA, cabe deducir las
siguientes cuestiones:

El artículo 8 del RD, dedicado a los servicios de las Administraciones públicas disponibles
por medios electrónicos, indica la necesidad de publicar las condiciones para el consumo de los
servicios puestos a disposición del resto de entidades por medios electrónicos, sin que en el portal
de la CA constase tal publicidad.

La aplicación informática “Sistema de Información y Atención Ciudadana” (SIACI) se
constituye en el inventario de procedimientos y servicios de la JCCM. En relación con su
actualización, exigida por el RD, aunque esta se produce diariamente, su publicación se realiza
con carácter mensual.

Al cierre del ejercicio fiscalizado no se había concluido la necesaria automatización e
interoperabilidad de las infraestructuras de la JCCM en relación con los servicios del Directorio
Común (DIR3) y el Sistema de Información Administrativa (SIA) de la Administración General del
Estado. La función básica de este sistema (SIA) es la de actuar como catálogo de información
sobre tramitación administrativa y dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21.4 la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

La puesta a disposición de los ciudadanos y otras entidades de aquellas aplicaciones y
objetos de información cuya titularidad recae en la JCCM, con el fin de perseguir su reutilización y
aprovechamiento, tal como prevé el RD, se seguía realizando solo bajo demanda.

El código de las aplicaciones licenciadas por la CA no se había publicado, por lo que no se
facilita su libre utilización en los términos previstos en el RD.

La Orden 111/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula la obtención y utilización de la firma electrónica, basada en el
certificado de empleada y empleado público, del personal al servicio de la Administración de la
JCCM, da cumplimiento parcial al mandato del artículo 18 del RD citado, que exige un documento
expresamente aprobado (y publicado) donde figure su política de firma electrónica y de
certificados.


La CA había dado solo cumplimiento parcial a lo dispuesto en el artículo 21 del RD, pues no
contaba con un repositorio electrónico complementario y equivalente en su función a los archivos
convencionales que contemplase la aplicación de normas de conservación a los documentos
depositados en él y su transferencia a otros repositorios.

Durante el ejercicio fiscalizado, la CA no había establecido formalmente mecanismos de
control para verificar el cumplimiento del ENI, pese a la previsión contenida en el artículo 27 del
RD.

cve: BOE-A-2021-14742
Verificable en https://www.boe.es


A comienzos del ejercicio fiscalizado entra en vigor la política de gestión de documentos
electrónicos de la CA, aprobada mediante el Decreto 89/2017, de 12 de diciembre.