BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 7 de julio de 2021

Sec. I. Pág. 80376

de todas las Administraciones Públicas en el marco de las directrices presupuestarias de
contención del gasto público.
A pesar de la progresiva flexibilización, estas previsiones han limitado las
posibilidades de reposición de las bajas ocasionadas en las plantillas de personal fijo,
funcionario o laboral y, al mismo tiempo, han frenado la dotación presupuestaria para
acometer nuevas actividades.
A esta situación se ha añadido una disonancia entre la dimensión de las necesidades
y la capacidad real de financiación de las administraciones territoriales, especialmente en
importantes servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que se
extienden a toda la población, y que son particularmente sensibles a los cambios
sociales y demográficos que están teniendo lugar de manera intensa y acelerada en los
últimos años.
En segundo lugar, existe un grupo de factores relacionados con la insuficiente
utilización de la planificación estratégica en la ordenación del empleo público, así como
la falta de regularidad de las convocatorias y procedimientos de selección de personal
para la cobertura de vacantes con carácter definitivo.
En efecto, se ha constatado que no siempre existe una práctica asentada de
convocatoria periódica y sistemática, preferentemente con carácter anual, de las plazas
vacantes, para su provisión definitiva. A su vez, la falta de convocatoria regular obedece
a que los procedimientos de acceso al empleo público no se desarrollan, en muchos
casos, con la agilidad y la celeridad necesarias para, respetando en todo caso las
garantías inherentes a los mismos y la salvaguardia de los principios constitucionales y
legales, permitir al mismo tiempo la dotación de personal en tiempo razonable y
garantizar la prestación del servicio por la Administración.
Así las cosas, los procesos de selección son excesivamente lentos y dilatados en el
tiempo, ocasionando en muchos casos la necesidad de provisión temporal de los
puestos por el tiempo necesario hasta la cobertura efectiva. En estas condiciones, el
recurso al nombramiento de personal interino y a la contratación de personal temporal se
ha constituido en una alternativa organizativa que ha acabado suponiendo un incremento
excesivo de la temporalidad.
En este sentido, ha de tenerse en cuenta que si bien una tasa de temporalidad es
necesaria e inherente a cualquier organización, no lo es cuando deviene en estructural y
supone en algunos sectores de la Administración tasas cercanas al cincuenta por ciento
de su personal.
El escenario descrito ha de completarse con la importante incidencia que la
Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de
la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (en adelante, el
Acuerdo Marco), ha tenido y tiene en el ordenamiento jurídico español y, por tanto, en la
evolución de la jurisprudencia.
El Acuerdo Marco destaca en su preámbulo la preeminencia de la contratación
indefinida como «forma más común de relación laboral» y persigue dos grandes
objetivos: por una parte, mejorar la calidad del trabajo de duración determinada
garantizando el respeto al principio de no discriminación y, por otra, establecer un marco
para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones
laborales de duración determinada.
Así, la cláusula 4.ª del Acuerdo Marco establece la equiparación entre personal
temporal y fijo con base en el principio de no discriminación, salvo existencia de causas
objetivas que justifiquen una diferencia en el régimen jurídico de ambas clases de
personal.
Por su parte, la cláusula 5.ª del Acuerdo Marco prevé la adopción de medidas
destinadas a evitar la utilización abusiva de nombramientos temporales. Si bien esta
cláusula no tiene efecto directo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante,
TJUE) ha insistido en que la determinación del abuso corresponde a los jueces
nacionales y que la aplicación de las soluciones efectivas y disuasorias dependen del
Derecho nacional, instando a las autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y

cve: BOE-A-2021-11233
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Núm. 161