BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 135

Lunes 7 de junio de 2021

Sec. III. Pág. 69318

EXPONEN
Primero.
Que la Constitución Española establece en sus artículos 10 y 14 el derecho a la
dignidad de la persona, los derechos fundamentales de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.2 de la Constitución española,
las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social.
Para dar cumplimiento a lo establecido en este precepto, y conforme a lo previsto en los
artículos 55 y siguientes de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 septiembre, General
Penitenciaria, y en los artículos 110 y 130 del Real Decreto 190/1996, de 9 febrero, de
Reglamento Penitenciario, es esencial promover la formación de los internos facilitando
la adquisición por parte de los mismos de aptitudes y conocimientos, así como la mejora
de sus capacidades técnicas y profesionales necesarias para su integración en el mundo
social y laboral.
Tercero.
Que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe poner a disposición
de los internos de los centros penitenciarios los recursos necesarios para la mejora de su
desarrollo personal y facilitar así su integración en la sociedad una vez que hayan
cumplido la pena que les ha sido impuesta. En concreto, corresponde a la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, entre otras, las siguientes funciones:
– La organización y gestión de las instituciones penitenciarias.
– El impulso y coordinación de programas de intervención con los internos.
– La formación, educación y cualquier otra actividad tendente al desarrollo de la
personalidad de los Internos en centros penitenciarios y de los liberados condicionales,
así como la promoción de actividades culturales y deportivas.
– La coordinación de los programas de intervención de organizaciones no
gubernamentales en los centros penitenciarios.
Cuarto.
Que la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo, tiene encomendadas, entre otras funciones, la formación para el empleo de los
internos en centros penitenciarios y centros de inserción social y la promoción de
relaciones con instituciones y organizaciones que faciliten el cumplimiento de los fines de
la entidad.

Que para la consecución de estos objetivos, es necesario contar con la colaboración
de otras instituciones, organizaciones y entidades que promuevan y ofrezcan recursos
para la integración sociolaboral.
Sexto.
Que Fundación «la Caixa» tiene entre sus objetivos contribuir al progreso de las
personas y de la sociedad, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

cve: BOE-A-2021-9472
Verificable en https://www.boe.es

Quinto.