BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 68

Sábado 20 de marzo de 2021

Sec. III. Pág. 32060

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
Segundo.
Que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduce en
nuestro sistema penal, dentro de las penas privativas de derechos, las penas de trabajos
en beneficio de la comunidad. En particular, los artículos 39, 40 y 49, en su redacción dada
por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la anterior,
remiten las circunstancias de ejecución de esta pena a la vía penitenciaria, estableciéndose
en el citado artículo 49 que los trabajos en beneficio de la comunidad –que no podrán
imponerse sin el consentimiento del penado– le obligan a prestar su cooperación no
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública. Estas circunstancias de
ejecución se mantuvieron por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y por Ley
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, ambas modificativas del Código Penal.
Tercero.
Que el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española establece que el Estado tiene
competencia exclusiva sobre la legislación penitenciaria.
Asimismo, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, el ejercicio de
las competencias de ejecución de la legislación penitenciaria estatal, tal y como establecen
la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y el Reglamento
Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.
Cuarto.
Que el Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las
circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de
localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad,
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y sustitución
de penas, considera, en su artículo 4.1, que el trabajo en beneficio de la comunidad será
facilitado por la Administración estatal, autonómica o local, que, a tal fin, podrán establecer
los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen
actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración
Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
Asimismo, el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior establece en su artículo 6.3 a) que
corresponde a la Subdirección General de Medio Abierto y Penas y Medidas Alternativas,
la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad,
de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional;
y la acción social penitenciaria.

Que la Asociación Naturapia Masphael tiene entre sus fines: mejorar la salud y la
calidad de vida de diversos colectivos en desventaja social (personas con discapacidad,
niños con necesidades educativas especiales, tercera edad, personas en situación de
riesgo y/o exclusión social, etc.); dar a conocer y promover las Terapias en el medio natural
y difundir los beneficios que el contacto con la naturaleza, las plantas y los animales,
puede proporcionar al ser humano y sensibilizar sobre la importancia del burro como
animal terapéutico y darle un nuevo papel en nuestra sociedad, que le devuelva el lugar de
relevancia que tradicionalmente ha tenido.

cve: BOE-A-2021-4386
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Quinto.