- adoptar las sanciones disciplinarias y las medidas administrativas que
procedan contra el funcionario implicado; en particular se aplicara de manera
estricta el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, relativo a la recusación;
- cancelar el contrato/acto afectado por el conflicto de intereses y repetir la
parte del procedimiento en cuestión;
- hacer público lo ocurrido para garantizar la transparencia de las decisiones
y, como elemento disuasorio, para impedir que vuelvan a producirse situaciones
similares, de acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno.
c) En caso de que el conflicto de intereses sea de naturaleza penal, el
superior jerárquico deberá, además de adoptar las medidas anteriores, comunicar
los hechos al Ministerio fiscal a fin de que éste adopte las medidas pertinentes.
B. Corrección.
Ante cualquier sospecha de fraude corresponderá actuar al Comité
Antifraude, a fin de recabar toda la información necesaria que permita determinar
si efectivamente ésta se ha producido. La aparición de varios de los indicadores
denominados “banderas rojas” será uno de los principales criterios para
determinar la existencia de fraude.
La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la
inmediata suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el
más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos
implicados en la realización de las actuaciones y la revisión de todos aquellos
proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo.
El Comité Antifraude tendrá que analizar si el fraude es puntual o
sistemático. En el caso de que se detecten irregularidades sistémicas, se
adoptarán las siguientes medidas:
— Revisar la totalidad de los expedientes incluidos en esa operación y/o de
naturaleza económica análoga.
CVE:
BOP-2023-6807
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Martes, 14 de noviembre de 2023
N.º 0216
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