Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio

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administraciones públicas, en el ámbito de su potestad discrecional, disponen de plenas facultades para implementar sus
políticas de fomento dentro del respeto a las disposiciones legales aplicables y los principios que las inspiran, pudiendo a
través de esas políticas tratar de obtener finalidades de interés público instrumentales.
Los PES permiten establecer una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir, con los costes
previsibles y sus fuentes de financiación, con el objeto de adecuar las subvenciones objeto de concesión con las previsiones
de recursos disponibles, con carácter previo a su nacimiento y de forma plurianual. Asimismo, la LGS establece un sistema
de seguimiento y control de los PES, que debe permitir que aquellas líneas de subvenciones que no alcancen el nivel de
consecución de objetivos deseado o que resulte adecuado al nivel de recursos invertidos puedan ser modificadas o
sustituidas por otras más eficaces y eficientes, o, en su caso, eliminadas.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 7.º, establece
que "las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".
Y por último, el artículo 6.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, determina que "las administraciones públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los
que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de
cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y
valoración, en la forma en que se determine por cada administración competente".
Esta última norma nos permite dar a conocer a los ciudadanos el uso que la Diputación Provincial de Badajoz hace de los
recursos públicos. Esta información ofrece datos concretos, tanto de los objetivos previstos, como de los resultados
conseguidos cuando se produzca su evaluación, así como de las unidades administrativas encargadas de su consecución.
Desde el año 2016 se han publicado planes estratégicos de subvenciones que ha contribuido a optimizar la gestión de las
subvenciones, incidiendo en la transparencia, simplificación y control en la gestión de los fondos, y que posibilita la mejora
continua en la planificación de subvenciones mediante la corrección de las desviaciones observadas durante su vigencia.
Una vez realizada la evaluación final del Plan, en los plazos que se establecen en la cláusula octava, se pondrá de manifiesto
el grado de consecución de los objetivos previstos en función de los indicadores de seguimiento establecidos.
La Diputación de Badajoz en este nuevo Plan continuará apoyando acciones y colectivos a los que ha venido apoyando en
ejercicios anteriores dada su importancia para el tejido social, asociativo, cultural, deportivo y empresarial de la provincia.
Para el ejercicio 2025 segundo a aprobar dentro del presente mandato 2023-2027, se presenta un presupuesto cuya
principal característica es que es transformador y tecnológico, diseñado con un enfoque sostenible, estimulando la
innovación y la formación. Busca además la modernización y la digitalización de la administración y por supuesto, es un
presupuesto social.
Las políticas públicas que llevar a cabo a través de este presupuesto se encuadran en los 3 pilares básicos del mandato:
Gobierno corporativo y garantía de los servicios públicos básicos a los municipios, la vertebración territorial, la lucha contra
la despoblación y la cohesión social, que en la situación actual adquieren si cabe mayor relevancia para afrontar la
recuperación y transformación de nuestros municipios.
El Plan estratégico de subvenciones 2025 y la Agenda 2030.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
un Plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz
universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que
reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede
haber desarrollo sostenible.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Al adoptarla, los estados se comprometieron a
movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de
los más pobres y vulnerables.
El marco competencial de las diputaciones ha sido clave en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Los gobiernos
provinciales conocen y actúan, en colaboración con los ayuntamientos, en la realidad de los municipios y de su población,
diseñando políticas adaptadas a cada territorio, potenciando sus oportunidades y haciendo frente a sus carencias. De ahí, su
gran aportación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que estas actuaciones, desde lo local, son
pasos necesarios hacia el crecimiento sostenible global y hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop

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