Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 210 - Lunes, 28 de octubre de 2024

página 52468/2

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 49 de la Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el
Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías,
el Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Industria, Energía y Minas, la competencia para resolver los procedimientos
administrativos de autorizaciones de las instalaciones eléctricas de alta tensión está
atribuida a la persona titular de la Secretaría General de Energía. No obstante, mediante
la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que
se delegan determinadas competencias en los órganos directivos territoriales provinciales
competentes en materia de energía, dicha competencia ha sido delegada en los órganos
directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía, norma vigente en
virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda del citado Decreto 163/2022,
de 9 de agosto. De este modo, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 300/2022, de 30
de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, en
el ámbito territorial provincial esta competencia será ejercida por la Delegación Territorial
de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas.
Segundo. Según lo establecido en la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan
competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo la competencia en materia de expropiación forzosa para declarar la utilidad pública
y necesidad de ocupación de los bienes y derechos a expropiar en materia de energía,
hidrocarburos y minas es delegada en la persona titular de la Delegación Territorial.

Cuarto. La declaración de utilidad pública es el presupuesto de la operación
expropiatoria y no un mero trámite, razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación con el artículo 33 de la
Constitución Española de 1978, establecen dicha declaración como imprescindible en
todo procedimiento expropiatorio.
El artículo 15 de la Ley de Expropiación Forzosa indica que «Declarada la utilidad
pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de
ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el
fin de la expropiación».
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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Tercero. Respecto de la servidumbre de paso, el artículo 57 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, establece lo que sigue:
a) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los
conductores.
b) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con las
demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A efectos del
expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas y distancias
de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre subterránea
comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos de la instalación.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia,
conservación y reparación de la línea eléctrica.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los
fines indicados en el párrafo c) anterior.