Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 201 - Martes, 15 de octubre de 2024

página 51878/2

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 49 de la Ley Orgánica
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía; el Decreto
del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, el Decreto
163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Industria, Energía y Minas, la competencia para resolver los procedimientos
administrativos de autorizaciones de las instalaciones eléctricas de alta tensión está
atribuida a la persona titular de la Secretaría General de Energía. No obstante, mediante
la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se
delegan determinadas competencias en los órganos directivos territoriales provinciales
competentes en materia de energía, dicha competencia ha sido delegada en los órganos
directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía, norma vigente en
virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria segunda del citado Decreto 163/2022,
de 9 de agosto. De este modo, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto 300/2022,
de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por
el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía, en el ámbito territorial provincial esta competencia será ejercida por la
Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía
y Minas.
Segundo. Según lo establecido en la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se
delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo la competencia en materia de expropiación forzosa para declarar la
utilidad pública y necesidad de ocupación de los bienes y derechos a expropiar en materia
de energía, hidrocarburos y minas es delegada en la persona titular de la Delegación
Territorial.

Cuarto. La declaración de utilidad pública es el presupuesto de la operación
expropiatoria y no un mero trámite, razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de
1954 de 16 de diciembre, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación con el artículo 33 de la
Constitución Española de 1978, establecen dicha declaración como imprescindible en
todo procedimiento expropiatorio.
El artículo 15 de la Ley de expropiación forzosa, indica que «Declarada la utilidad
pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de
ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el
fin de la expropiación».

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

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Tercero. Respecto de la servidumbre de paso, el artículo 57 de la Ley 24/2013, del
Sector Eléctrico, establece lo que sigue:
a) El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los
conductores.
b) La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con
las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A
efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas
y distancias de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre
subterránea comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos
de la instalación.
c) El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia,
conservación y reparación de la línea eléctrica.
d) La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los
fines indicados en el párrafo c) anterior.