BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 65 - Jueves, 4 de abril de 2024

página 42423/2

artículos 9 y 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.
De otra, don Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación Provincial
de Córdoba, que interviene en la representación que le confiere el artículo 34 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en ejercicio de las
competencias que establece el artículo 36 de la citada Ley y demás normas concordantes
y facultado para la firma del presente convenio en virtud del acuerdo plenario adoptado
en sesión del día 23 de enero de 2024.
Las partes se reconocen mutuamente, en razón de la representación que ostentan,
capacidad suficiente para el otorgamiento del presente Convenio, y para asumir los
compromisos y obligaciones que de él se derivan, y a tal efecto
E XPONEN
I. La Constitución ha impuesto a los poderes públicos el deber inexcusable de velar
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. Este mandato constitucional
cobra especial relieve respecto del agua, tanto por su carácter de recurso escaso que
debe satisfacer muy distintas necesidades y que es preciso utilizar con principios de
economía y eficacia, cuanto por su incidencia en un aspecto fundamental que determina
la calidad de vida, como es el de la disponibilidad de agua potable para el abastecimiento
humano y el consiguiente tratamiento en su vertido del agua utilizada en el consumo
doméstico e industrial.
II. Que, de acuerdo con el artículo 10.3.7.º del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la
Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá sus poderes con el objetivo básico de lograr
una adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución
y la dotación de infraestructuras modernas. Asimismo, el artículo 28 del Estatuto de
Autonomía establece como garantía de los derechos consagrados en materia de medio
ambiente una adecuada protección del agua, al ser la calidad del agua uno de los
principios rectores de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma,
de acuerdo con el artículo 37 del Estatuto.
III. El artículo 50 del Estatuto de Autonomía atribuye competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de aguas, que corresponden, con carácter general,
a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

V. La Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las
aguas destinadas al consumo humano, es traspuesta al ordenamiento jurídico español
mediante Real decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consuno humano y las instalaciones de suministro
desde su captación hasta el punto de consumo, con innovaciones importantes en el tema
cualitativo y en requerimientos de las instalaciones mencionadas.
VI. Por el Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autonomía de Andalucía en materia de abastecimientos,
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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IV. La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas (Directiva Marco del Agua), regula la gestión de las aguas superficiales,
continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y
reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar
la situación de los ecosistemas acuáticos, paliar los efectos de las inundaciones y de las
sequías y conseguir «el buen estado ecológico» de todas las aguas europeas.