3. Otras disposiciones. . (2023/239-41)
Resolución de 11 de diciembre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización operativa, con enfoque evaluador, de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía: especial referencia a su impacto social.
105 páginas totales
Página
BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18854/17
59
La presentación de las distintas solicitudes, según prevé la normativa, es de forma preferente en
los servicios sociales comunitarios, aunque se admite la entrada en cualquier registro, conforme
a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No existe información diferenciada en el SISS respecto a la forma de presentación, presencial o telemática, ni tampoco sobre el punto de entrada (servicios sociales comunitarios, delegaciones territoriales u otros).
60
Por otra parte, cabe reseñar que el sistema no contiene información sobre los pagos materializados realizados a los titulares de la prestación ya que los pagos se efectúan mediante la remisión
mensual de un fichero a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública donde aparecen todos
los datos de los beneficiarios (nombre y apellidos, NIF, dirección, importe a percibir y número de
cuenta corriente) que van a recibir la prestación. Dicha información se tramita por dicha Dirección General, sin poderse consultar ningún dato referente a pagos materializados en la aplicación
de gestión SISS, lo cual supone una deficiencia del sistema.
61
Otro factor que dificulta el análisis y seguimiento de los expedientes es que las solicitudes de
ampliación están catalogadas en el SISS como revisiones, cuando la naturaleza de ambas es diferente, en el primer caso se trata de solicitudes de la prestación antes de los tres meses de finalización de una inicial y sigue la misma tramitación que éstas; y en el segundo caso, tal como se ha
explicado en el punto 43, son revisiones de la prestación concedida como consecuencia de cambios en las circunstancias socioeconómicas del titular o de los beneficiarios.
¿Se encuentra reglado el procedimiento de solicitud a otros organismos para constatar
la veracidad de la documentación?
62
No se han establecido en el SISS circuitos telemáticos de intercambio de información con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, para la realización de actividades estadísticas y cartográficas relativas a lo regulado en el DL 3/2017, incumpliéndose el art. 41.2. Se facilita información solicitada anualmente por el IECA, pero a través del envío de información de manera
ordinaria.
63
En el art. 30 del DL 3/2017 se prevé la posibilidad de solicitar a los organismos públicos y entidades privadas cuantos datos e informes sean necesarios para constatar la veracidad de la documentación presentada por la persona solicitante y su adecuación a los requisitos legalmente establecidos. Durante el periodo fiscalizado no se encontraba reglado este procedimiento mediante el correspondiente protocolo, especificando las condiciones y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad
y disponibilidad.
00293968
Gran parte de las consultas se realizan mediante plataformas de intermediación de datos o sistemas de intercambio de ficheros, que tienen sus regulaciones específicas, aunque existen otras
que se realizan de forma manual mediante el lanzamiento de listados como es el caso de las
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 239 - Viernes, 15 de diciembre de 2023
página 18854/17
59
La presentación de las distintas solicitudes, según prevé la normativa, es de forma preferente en
los servicios sociales comunitarios, aunque se admite la entrada en cualquier registro, conforme
a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. No existe información diferenciada en el SISS respecto a la forma de presentación, presencial o telemática, ni tampoco sobre el punto de entrada (servicios sociales comunitarios, delegaciones territoriales u otros).
60
Por otra parte, cabe reseñar que el sistema no contiene información sobre los pagos materializados realizados a los titulares de la prestación ya que los pagos se efectúan mediante la remisión
mensual de un fichero a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública donde aparecen todos
los datos de los beneficiarios (nombre y apellidos, NIF, dirección, importe a percibir y número de
cuenta corriente) que van a recibir la prestación. Dicha información se tramita por dicha Dirección General, sin poderse consultar ningún dato referente a pagos materializados en la aplicación
de gestión SISS, lo cual supone una deficiencia del sistema.
61
Otro factor que dificulta el análisis y seguimiento de los expedientes es que las solicitudes de
ampliación están catalogadas en el SISS como revisiones, cuando la naturaleza de ambas es diferente, en el primer caso se trata de solicitudes de la prestación antes de los tres meses de finalización de una inicial y sigue la misma tramitación que éstas; y en el segundo caso, tal como se ha
explicado en el punto 43, son revisiones de la prestación concedida como consecuencia de cambios en las circunstancias socioeconómicas del titular o de los beneficiarios.
¿Se encuentra reglado el procedimiento de solicitud a otros organismos para constatar
la veracidad de la documentación?
62
No se han establecido en el SISS circuitos telemáticos de intercambio de información con el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, para la realización de actividades estadísticas y cartográficas relativas a lo regulado en el DL 3/2017, incumpliéndose el art. 41.2. Se facilita información solicitada anualmente por el IECA, pero a través del envío de información de manera
ordinaria.
63
En el art. 30 del DL 3/2017 se prevé la posibilidad de solicitar a los organismos públicos y entidades privadas cuantos datos e informes sean necesarios para constatar la veracidad de la documentación presentada por la persona solicitante y su adecuación a los requisitos legalmente establecidos. Durante el periodo fiscalizado no se encontraba reglado este procedimiento mediante el correspondiente protocolo, especificando las condiciones y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad
y disponibilidad.
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Gran parte de las consultas se realizan mediante plataformas de intermediación de datos o sistemas de intercambio de ficheros, que tienen sus regulaciones específicas, aunque existen otras
que se realizan de forma manual mediante el lanzamiento de listados como es el caso de las
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