BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 144 - Viernes, 28 de julio de 2023

página 12741/2

y Función Pública deba informar sobre los eventuales criterios organizativos y de
funcionamiento que el Instituto Andaluz de Administración Pública, en su caso, pudiera
transmitir a las comisiones de selección de los procesos selectivos de acceso y promoción
interna de personal funcionario.
Finalmente, razones de mejora de técnica normativa y para garantizar la adecuada
claridad y seguridad jurídica, se delimitan las competencias de la Secretaría General
Técnica en materia de asuntos judiciales y de gestión del patrimonio inmobiliario.
Conforme con lo dispuesto en los artículos 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 7.1 del
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación
de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, el presente
decreto se dicta de acuerdo con los principios de buena regulación.
En cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, este decreto se justifica
por razones de interés general, fundada en la necesaria redistribución de funciones y
atribuciones entre los centros directivos de la Consejería de Justicia, Administración Local
y Función Pública, siendo además el instrumento establecido por la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para la consecución de dicha
finalidad. Por otro lado, se cumple el principio de proporcionalidad, ya que la presente
norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la
misma. Con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, el presente decreto
se dicta en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de
transparencia, no cabe aquí su aplicación directa al tratarse de una norma organizativa
de la propia administración, sin perjuicio de arbitrar las medidas necesarias para permitir
su conocimiento por parte de la ciudadanía. Por último, se entiende cumplido el principio
de eficiencia, ya que favorece la racionalización de la estructura organizativa y el
funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, lo que redundará en la
gestión de los recursos públicos. Asimismo, no impone medidas restrictivas de derechos
u obligaciones ni carga administrativa alguna.
En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.3 y 27.18 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a
propuesta del Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 25 de julio de 2023,
DISPONGO

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 5, que queda redactado como sigue:
«1. A la persona titular de la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales,
Modernización Digital y Regeneración, con rango de Viceconsejero o Viceconsejera, le
corresponden, además de las previstas con carácter general en el artículo 28 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, las siguientes competencias:
a) La planificación de las infraestructuras al servicio de la Administración de Justicia.
b) La planificación, coordinación y gestión del patrimonio inmobiliario de la Junta de
Andalucía destinado a usos y servicios judiciales y fiscales y el inventario del mismo, y
demás inmuebles destinados a tales usos.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00287749

Artículo único. Modificación del Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia, Administración Local y
Función Pública.
El Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, queda modificado
como sigue: