BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 117 - Miércoles, 21 de junio de 2023

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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, del Parlamento Europeo y del Consejo
regula los aspectos mínimos que han de satisfacer los distintos cauces de información
a través de los cuales una persona física que sea conocedora en el contexto laboral de
una infracción del Derecho comunitario o nacional pueda dar a conocer la existencia de
la misma a fin de que pueda ser investigada y, en su caso, sancionada. Aparte de su
eficacia práctica para la protección de los intereses públicos pues es evidente que las
personas que prestan servicios en la propia organización son en ocasiones las primeras
en detectar posibles infracciones y que precisamente por advertirse en fase temprana
se hace más fácil la adopción de medidas correctoras, con estos cauces se dota de un
nuevo contenido el derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
En desarrollo de esa Directiva se promulgó la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora
de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha
contra la corrupción cuya entrada en vigor se produjo el 13 de marzo de 2023. La finalidad
de la ley expresada en su artículo 1 es doble: Por una parte otorgar protección frente a
posibles represalias a las personas informantes y por otra fortalecer y fomentar la cultura
de la información o comunicación como medio para prevenir y detectar amenazas para el
interés público.
En efecto, la máxima preocupación tanto de la Directiva como de la ley es dotar
de protección frente a represalias a la persona que facilita la información. Por ello, es
imprescindible el diseño de un procedimiento de uso y gestión que necesariamente ha
de tener carácter y garantía de confidencialidad (whistleblower) e inmediata respuesta,
para que cualquier implicado pueda comunicar eventuales incumplimientos, quiebras del
sistema o prácticas que incrementen los riesgos.
La entrada en vigor de la citada Ley 2/2023, de 20 de febrero, obliga a las
Administraciones Públicas a dotarse de un sistema interno de información mediante el
cual cualquier persona empleada de la misma o que trabaja para o bajo la supervisión o
dirección de contratistas, subcontratistas o proveedores podrán poner en conocimiento
cualquier posible infracción comprendida en el ámbito de aplicación material de la ley de
la que tengan conocimiento en el contexto de una relación laboral o profesional, siempre
que se pueda tratar de manara efectiva la infracción, si el informante considera que no
hay riesgo de represalias y sin perjuicio de que éste pueda optar por cualquier otra vía de
denuncia que considere apropiada.
En paralelo al establecimiento de canales internos de información, el artículo 16 de
la ley prevé también la existencia de un canal externo abierto a cualquier persona física
para informar de posibles acciones u omisiones que pudieran ser constitutiva de delito o
infracción administrativa a la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.),
condición que en la Comunidad Autónoma de Andalucía asume la Oficina Andaluza
contra el Fraude y la Corrupción. Para ello, mediante Resolución de la misma de 20 de
marzo de 2023 (BOJA núm. 57, de 24.3) se creó un canal de denuncias externo.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00285595

Resolución de 15 de junio de 2023, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se da publicidad a la puesta en funcionamiento
del sistema interno de información de la administración de la Junta de Andalucía
previsto en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de
las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la
corrupción.