Disposiciones generales. Consejería de Salud y Consumo. (2022/232-2)
Acuerdo de 29 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de noviembre de 2022.
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 232 - Viernes, 2 de diciembre de 2022

página 19755/1

1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO
Acuerdo de 29 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios
de Andalucía a fecha 29 de noviembre de 2022.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de
Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 29
de noviembre de 2022,

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00272970

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone, en su artículo 19, que las personas
mayores tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía una protección y
una atención integral para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento
activo, que les permita una vida digna e independiente y su bienestar social e individual,
así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario, social
y asistencial.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina, en su artículo 22.3,
que las personas con enfermedad mental, las que padezcan enfermedades crónicas
e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente
como de riesgo, tendrán derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales
y preferentes. Asimismo, establece en su artículo 55.2, la competencia compartida en
materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio de la competencia exclusiva
que le atribuye el artículo 61, entre otras, la ordenación, planificación, determinación,
regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias, sociosanitarias y
de salud mental de carácter público en todos los niveles y para toda la población y la
ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la
salud pública en todos los ámbitos.
La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, ha declarado la emergencia
en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del
coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en los párrafos
anteriores, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar, en sendas ocasiones, el estado
de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y
que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.
La pandemia del COVID-19 sigue evolucionando y es necesario conocer los datos
actualizados a fecha 29 de noviembre de 2022 sobre la respuesta del Sistema Sanitario
ante los efectos del COVID-19 en los centros residenciales de la Comunidad Autónoma.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por
la OMS y la repercusión que la enfermedad COVID-19 tiene en las personas mayores, así
como en el sector económico de los centros residenciales de personas mayores, y de la
vulnerabilidad de dicho colectivo, se considera oportuno y conveniente que dicho informe
sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.