BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 225 - Miércoles, 23 de noviembre de 2022

página 18818/1

3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece en su artículo 14 que las
Administraciones Públicas competentes podrán comprobar en cualquier momento por si
mismas, contando con los medios y requisitos reglamentariamente exigidos, o a través de
organismos de control, el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de
oficio o a instancia de parte interesada, en casos de riesgo significativo para las personas,
animales, bienes o medio ambiente.
En línea con lo anterior, el Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el
procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador
de los mismos, establece en su artículo 7.2 que «La Dirección General competente en
materia de seguridad industrial promoverá, coordinadamente con las Delegaciones
Provinciales de la Consejería titular de las competencias de industria, planes de inspección
de las instalaciones y de control del cumplimiento reglamentario, que serán llevados a
cabo directamente por los funcionarios de la Administración o, bajo la supervisión de
ésta, a través de los Organismos de Control que al efecto sean requeridos».
El control a posteriori de la Administración, mediante inspección, es un elemento
fundamental en el ámbito de la seguridad industrial, en el que existe un alto grado de
liberalización, de manera que la intervención de la Administración previamente al inicio
de la actividad es reducido. Así, los diversos agentes que intervienen en la seguridad
industrial, como es el caso de las empresas instaladoras y conservadoras, organismos
de control, etc., están sometidos actualmente, con carácter general, a un régimen de
declaración responsable para el acceso y ejercicio de su actividad. De igual modo, la
puesta en funcionamiento de la gran mayoría de las instalaciones que están liberalizadas
y reguladas en los reglamentos de seguridad industrial, tales como las instalaciones de
equipos a presión, almacenamiento de productos químicos, instalaciones frigoríficas,
contraincendio, etc., están sujetas a un mero trámite de comunicación previa a la
Administración. Trámite que en Andalucía está regulado por la Orden de 5 de marzo de
2013, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se dictan
normas de desarrollo del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, que lo configura como un
trámite electrónico con respuesta inmediata de la Administración.
Esta función inspectora de la administración industrial ha sido recientemente
respaldada por el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación
económica en Andalucía, que en su disposición final segunda ha otorgado al personal
funcionario encargado de funciones de inspección en el ámbito de la Ley 21/1992, de 16
de julio, la condición de autoridad, con un amplio abanico de potestades.
A los efectos de dar adecuado cumplimiento a las funciones de vigilancia e inspección
que la diversa normativa sectorial en materia de industria otorga a la Administración
competente, la entonces denominada Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
aprobó la Orden de 11 de julio de 2001, por la que se establece el programa de
Inspecciones de la Consejería en materia de industria, energía y minas, en el que se
especificaba el alcance del mismo, la metodología para su ejecución y su financiación.
En su disposición adicional única, la Orden citada fija el procedimiento de aprobación
de los futuros planes de inspección, para lo cual faculta a la Dirección General de
Industria, Energía y Minas para que, en función de los resultados obtenidos pueda
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00272024

Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de Industria y
Minas, por la que se aprueban los planes generales de inspección en el área de
industria para el bienio 2023-2024.