Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 225 - Miércoles, 23 de noviembre de 2022

página 17531/2

Ambiente de la Junta de Andalucía en Granada y a Telefónica, a fin de que por tales
entidades afectadas en sus bienes y derechos, se emitiera el correspondiente informe
en un plazo de treinta días. Transcurrido el mismo, consta autorizaciones o informes
favorables de la Confederación Hidrográfica, las Delegaciones citadas y licencia
urbanística del Ayuntamiento, por lo que no aparece objeción alguna con la declaración
de utilidad pública de la instalación.
Cuarto. No consta que se hayan presentado alegaciones en el trámite de información
pública.
Quinto. Con fecha 7 de abril de 2022 se ha dictado resolución por la Delegación
del Gobierno en Granada concediendo, respecto de dicho proyecto, la autorización
administrativa previa y la de construcción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Delegación Territorial es competente para dictar la presente resolución,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.1.a) del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo; el artículo 117 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; el Decreto del
Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; el Decreto
Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Política Industrial y Energía; el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por
el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de
Andalucía (en su redacción vigente dada por el Decreto 300/2022, de 30 de agosto); así
como en la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos
directivos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, en particular, su
artículo 5.6, cuyo primer párrafo atribuye a las Delegaciones Territoriales la competencia
en materia de expropiación forzosa, para declarar la utilidad pública y necesidad de
ocupación de los bienes y derechos a expropiar en materia de energía, hidrocarburos y
minas, salvo que la expropiación afecte a bienes en dos o más provincias, en cuyo caso
la competencia será de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Por lo cual,
esta resolución se entenderá dictada por la persona titular de la Consejería de Política
Industrial y Energía.

Tercero. Respecto de la servidumbre de paso, el artículo 57 de dicha Ley 24/2013,
establece, respecto de la servidumbre de paso que:
«1. La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de
servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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Segundo. El procedimiento para la declaración, en concreto, de la utilidad pública
de las instalaciones eléctricas se encuentra regulado en el Capítulo V del Título VII del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, antes citado. Igualmente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 56.1 la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, «la declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa». El número siguiente continúa estableciendo que «Igualmente,
supondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización, en los términos
que en la declaración de utilidad pública se determinen, para el establecimiento, paso u
ocupación de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o
patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios
o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de
servidumbre pública».