BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sábado 4 de febrero de 2023

Sec. I. Pág. 16139

de 9.487 euros en 2018. El 13,5% de los hogares canarios llegaron a fin de mes con
«mucha dificultad» en 2019, siendo uno de los colectivos más afectados el de las
personas menores de edad que sufren privaciones en necesidades básicas en el seno
de sus familias. La realización de esta ECV permite poner a disposición de la Comisión
Europea un instrumento estadístico de primer orden para el estudio de la pobreza y
desigualdad, el seguimiento de la cohesión social en el territorio de su ámbito, el estudio
de las necesidades de la población y del impacto de las políticas sociales y económicas
sobre los hogares y las personas, así como para el diseño de nuevas políticas.
Más recientemente, según los últimos datos disponibles de la citada encuesta de
condiciones de vida (julio 2021), el umbral de renta para considerar que un hogar está en
pobreza severa es de 6.417,3 euros por unidad de consumo al año; es decir, cada
persona debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales para el caso de una familia
con dos adultos y dos menores, y con menos de 535 euros al mes si vive sola.
Por último, señalar que la crisis económica y la destrucción de empleo han
precipitado la falta de ingresos en los hogares canarios. El desempleo en Canarias, con
tasas del 18,8% en 2019 y del 25,04% en el tercer trimestre de 2020, según el Instituto
Nacional de Estadística, ha afectado particularmente a las personas jóvenes residentes
en Canarias, alcanzándose tasas de desempleo del 35,3% y del 61,72% entre la
población menor de 25 años en los años 2019 y en el tercer trimestre del 2020,
respectivamente. La persistencia de la desocupación pone en peligro la protección
económica de las personas sin trabajo, en el momento en el que se agotan las
prestaciones y los subsidios por desempleo.
III
A partir de los datos señalados, se constata que la pobreza en Canarias y, con ella,
la desigualdad social, lejos de ser una situación coyuntural, se ha consolidado como un
fenómeno estructural, siendo múltiples los factores que la causan. No se trata de una
mera escasez de recursos económicos, sino que han de considerarse también los
componentes laborales, económicos, sociales, educativos y culturales que se encuentran
en el origen de las situaciones de pobreza, precariedad y exclusión, que no solo se viven
en nuestra comunidad autónoma. La situación actual requiere encarar la crisis social y
económica primando el interés general frente al particular y protegiendo a la sociedad
con mecanismos como el de la renta de ciudadanía.
La protección social de ingresos mínimos en España se ha caracterizado por una
dispersión que le ha restado efectividad a la hora de reducir los niveles de pobreza y
exclusión, especialmente en el caso de la pobreza extrema.
Por un lado, está el sistema no contributivo del Estado, con múltiples y fragmentadas
prestaciones, unas estables como las pensiones no contributivas y más recientemente
con el ingreso mínimo vital (IMV), y otras de carácter temporal, como aquellas que se
han ido prorrogando en función de los niveles de desempleo, destinadas a cubrir a
colectivos específicos, personas desempleadas de larga duración, etc.
Por otro lado, y conviviendo con este sistema estatal, pero sin vinculación con él,
están las rentas mínimas de las comunidades autónomas, que se han ido desarrollando
desde los años 90 del pasado siglo en virtud de la competencia que estas tienen en
materia social.
Durante esos años, el sistema de rentas mínimas de las comunidades autónomas ha
venido sufriendo algunas transformaciones, especialmente con el objetivo de mejorar la
cobertura y el derecho a la inclusión que lleva aparejado, ya que, salvo excepciones,
estas no han servido para disminuir la pobreza ni facilitar mecanismos eficaces que
reduzcan la exclusión social. La crisis de 2008 abrió el debate social sobre la garantía de
ingresos en un momento de aumento de pobreza y de vulnerabilidad de las familias.
De la misma manera, los debates en torno a la renta básica inspiraron la reforma de
los sistemas de rentas mínimas autonómicas hacia su universalidad y como propuesta

cve: BOE-A-2023-2940
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Núm. 30