BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 5

Viernes 6 de enero de 2023

Sec. III. Pág. 2585

cierre de los trabajos de fiscalización aun existían expedientes de subvenciones de
infraestructuras financiadas en el marco del Plan del Carbón 2006-2012 pendientes de liquidación.
Finalmente, debe destacarse que tanto el RD 1112/2007 como los convenios específicos suscritos
con los beneficiarios, incorporaban obligaciones complementarias para el beneficiario:
-

Inscribir la infraestructura en el “libro de patrimonio” correspondiente, a efectos de acreditar
la titularidad pública de la misma (salvo que la entidad beneficiaria fuera una Institución sin
fin de lucro). Esta obligación no estaba adecuadamente definida, ya que el término “libro
de patrimonio” no se corresponde con lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Pública, que se refiere al inventario de bienes y
derechos y no al “libro de patrimonio”. A mayor abundamiento, no se aludía ni en el RD
1112/2007 ni en los convenios a la obligación de inscribir en el registro de la propiedad las
infraestructuras que fueran susceptibles de serlo, pese a que es un trámite preceptivo, de
acuerdo con el art. 36 de dicha Ley.47

-

Aportar documentos acreditativos de la ejecución del contenido de convenio o certificación
del órgano competente del empleo dado a los fondos.

-

Memoria de ejecución en el que se recogiera el grado de cumplimiento de los objetivos de
desarrollo alternativo de las zonas mineras del carbón.

-

Cursar invitación al IRMC comunicando la fecha de inauguración de las obras objeto de
convenio (cláusula cuarta incluida en todos los convenios).

-

Las instituciones sin fines de lucro debían acreditar el traslado a los beneficiarios finales de
las infraestructuras subvencionadas, siendo este un requisito específico de los
beneficiarios de esta naturaleza jurídica. A su vez, las instituciones sin fines de lucro se
comprometían a seleccionar a las empresas ejecutantes de las inversiones
subvencionadas de acuerdo con lo previsto en el régimen de contratación del sector
público.
ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA COMO JUSTIFICACIÓN DE LAS
SUBVENCIONES DE LA LÍNEA DE INFRAESTRUCTURAS Y ACREDITATIVA DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS

A continuación se analizan los resultados del análisis de la justificación de la aplicación de los
fondos, así como del cumplimiento de las obligaciones adicionales, aludiéndose, en primer lugar, a
las incidencias identificadas en la revisión de la justificación presentada por las entidades locales y
las comunidades autónomas beneficiarias, realizándose después un examen del cumplimiento de
las condiciones antes referidas y, por último, incluyendo una mención separada las
particularidades de la justificación aportada por las instituciones sin fin de lucro. Se efectúa una
mención específica a las subvenciones concedidas al Ayuntamiento de La Robla (León), que
destacaron por su complejidad.

Ni el RD 1112/2007, ni los protocolos de colaboración suscritos, ni los propios convenios
específicos establecían con un grado de detalle suficiente la documentación justificativa de la
aplicación de los fondos. A este respecto, los protocolos de colaboración y convenios específicos
47 La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en su art. 32 se refiere a la
“obligación de formar inventario”. Por otra parte, los arts. 32 y 36 de dicha Ley 33/2003, de acuerdo con la disposición
final segunda de esta disposición tienen carácter de normativa básica y, por tanto, son de aplicación a todas las
Administraciones Públicas.

cve: BOE-A-2023-439
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Principales incidencias identificadas