III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE CONSUMO. Convenios. (BOE-A-2022-2905)
Resolución de 17 de febrero de 2022, de la Secretaría General de Consumo y Juego, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Consumo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de un marco común de colaboración en materia de consumo, protección de los consumidores, actividades de juego y nutrición.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Miércoles 23 de febrero de 2022
Sec. III. Pág. 22000
establecimientos comerciales a pie de calle y generándose la mayor parte del consumo
en el comercio de proximidad.
La FEMP, en representación de las Entidades Locales, recoge la preocupación y el
interés de las mismas por lograr una mejor y más intensa coordinación con la
Administración General del Estado en lo que se refiere a las políticas en materia de
consumo, siempre dentro del respeto a la distribución de competencias recogidas en la
Constitución Española; avanzar hacia una verdadera transición digital de las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de las Juntas Arbitrales de
Consumo; promover la mediación para evitar que los conflictos lleguen a los Tribunales;
fomentar buenos hábitos de consumo y nutricionales; prevenir el «juego problemático»,
especialmente entre los jóvenes; así como dar formación de calidad a los técnicos
locales y facilitar el intercambio y fomento de Buenas Prácticas en todas estas materias.
6. Que el artículo 51 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces,
la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, así como la
promoción de la información y la educación de aquéllos.
La cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas en el ámbito de
consumo favorece un mejor cumplimiento de este mandato constitucional. El artículo 40
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, relativo a la Conferencia Sectorial de Consumo contempla el impulso de la
cooperación institucional con las corporaciones locales a través de la FEMP,
estableciendo, en su caso, órganos permanentes de cooperación institucional, de
conformidad con lo previsto en las bases de régimen local.
Así, la FEMP ya ha venido históricamente colaborando con el antiguo Instituto
Nacional de Consumo (desde 2001 a 2009 a través de un convenio cuyo objetivo era el
mantenimiento de los canales de comunicación entre las OMIC, el Instituto Nacional de
Consumo y la propia FEMP, para fomentar un mayor conocimiento de las actuaciones en
consumo de las diferentes instituciones de defensa del consumidor, y llevar a cabo un
mejor diseño y ejecución de actuaciones en esta materia). En esta misma línea, en 2002,
se creó en la FEMP la Sección Red «UNIÓN OMICS» con el fin de realizar la articulación
nacional de las OMIC de nuestro país. Y posteriormente, se vino manteniendo una
relación fluida y participando activamente en la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde la FEMP mantenía representación. Además, se
suscribió un nuevo convenio entre las partes en 2009 vigente hasta 2012.
7. Que, tal y como ha señalado la Comisión Europea, tan importante como el
reconocimiento de derechos en materia de consumo, es establecer vías adecuadas para
hacerlos valer. Para un acceso pleno de los consumidores a la justicia es esencial la
existencia de vías sencillas, rápidas y gratuitas a través de las cuales se puedan hacer
exigibles estos derechos. Y esto se hace a través de las OMIC y las Juntas Arbitrales de
Consumo, por ser las más próximas a la ciudadanía. Y tras la reforma de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace necesario aclarar
competencias municipales en materia de consumo, así como redefinir e impulsar el papel
de las Entidades Locales en la defensa del consumidor.
8. Que en la actualidad nos enfrentamos a nuevos retos que hacen más difícil la
defensa de las personas consumidoras en la sociedad de la información, como es el
comercio a través de internet, que afecta tanto a los consumidores como a las
intervenciones municipales y de las administraciones públicas, o las nuevas formas de
consumo en las economías colaborativas.
Especial mención merecen los problemas derivados tanto del juego on-line como
presencial, y que requieren de una respuesta conjunta y coordinada de todas las
administraciones públicas, garantizando la información, educación y el control,
especialmente en edades tempranas y con respecto a personas que puedan encontrarse
en situación de vulnerabilidad, de manera que la participación en juegos de azar sea
responsable y sostenible.
cve: BOE-A-2022-2905
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 46
Miércoles 23 de febrero de 2022
Sec. III. Pág. 22000
establecimientos comerciales a pie de calle y generándose la mayor parte del consumo
en el comercio de proximidad.
La FEMP, en representación de las Entidades Locales, recoge la preocupación y el
interés de las mismas por lograr una mejor y más intensa coordinación con la
Administración General del Estado en lo que se refiere a las políticas en materia de
consumo, siempre dentro del respeto a la distribución de competencias recogidas en la
Constitución Española; avanzar hacia una verdadera transición digital de las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de las Juntas Arbitrales de
Consumo; promover la mediación para evitar que los conflictos lleguen a los Tribunales;
fomentar buenos hábitos de consumo y nutricionales; prevenir el «juego problemático»,
especialmente entre los jóvenes; así como dar formación de calidad a los técnicos
locales y facilitar el intercambio y fomento de Buenas Prácticas en todas estas materias.
6. Que el artículo 51 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos la
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces,
la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, así como la
promoción de la información y la educación de aquéllos.
La cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas en el ámbito de
consumo favorece un mejor cumplimiento de este mandato constitucional. El artículo 40
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre, relativo a la Conferencia Sectorial de Consumo contempla el impulso de la
cooperación institucional con las corporaciones locales a través de la FEMP,
estableciendo, en su caso, órganos permanentes de cooperación institucional, de
conformidad con lo previsto en las bases de régimen local.
Así, la FEMP ya ha venido históricamente colaborando con el antiguo Instituto
Nacional de Consumo (desde 2001 a 2009 a través de un convenio cuyo objetivo era el
mantenimiento de los canales de comunicación entre las OMIC, el Instituto Nacional de
Consumo y la propia FEMP, para fomentar un mayor conocimiento de las actuaciones en
consumo de las diferentes instituciones de defensa del consumidor, y llevar a cabo un
mejor diseño y ejecución de actuaciones en esta materia). En esta misma línea, en 2002,
se creó en la FEMP la Sección Red «UNIÓN OMICS» con el fin de realizar la articulación
nacional de las OMIC de nuestro país. Y posteriormente, se vino manteniendo una
relación fluida y participando activamente en la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde la FEMP mantenía representación. Además, se
suscribió un nuevo convenio entre las partes en 2009 vigente hasta 2012.
7. Que, tal y como ha señalado la Comisión Europea, tan importante como el
reconocimiento de derechos en materia de consumo, es establecer vías adecuadas para
hacerlos valer. Para un acceso pleno de los consumidores a la justicia es esencial la
existencia de vías sencillas, rápidas y gratuitas a través de las cuales se puedan hacer
exigibles estos derechos. Y esto se hace a través de las OMIC y las Juntas Arbitrales de
Consumo, por ser las más próximas a la ciudadanía. Y tras la reforma de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace necesario aclarar
competencias municipales en materia de consumo, así como redefinir e impulsar el papel
de las Entidades Locales en la defensa del consumidor.
8. Que en la actualidad nos enfrentamos a nuevos retos que hacen más difícil la
defensa de las personas consumidoras en la sociedad de la información, como es el
comercio a través de internet, que afecta tanto a los consumidores como a las
intervenciones municipales y de las administraciones públicas, o las nuevas formas de
consumo en las economías colaborativas.
Especial mención merecen los problemas derivados tanto del juego on-line como
presencial, y que requieren de una respuesta conjunta y coordinada de todas las
administraciones públicas, garantizando la información, educación y el control,
especialmente en edades tempranas y con respecto a personas que puedan encontrarse
en situación de vulnerabilidad, de manera que la participación en juegos de azar sea
responsable y sostenible.
cve: BOE-A-2022-2905
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 46
