BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314

Viernes 31 de diciembre de 2021

Sec. I. Pág. 167821

Para la Contrainteligencia, lucha contra las campañas de desinformación y acción
frente a las injerencias del exterior:
L.A. 13. Elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra las campañas de
desinformación.
L.A. 14. Incrementar las capacidades de los Servicios de Inteligencia españoles
frente a los ataques de los Servicios de Inteligencia hostiles, en especial en el
ciberespacio.
L.A. 15. Potenciar las capacidades de la Oficina Nacional de Seguridad y garantizar
un marco legal adecuado para la protección de la información clasificada.
L.A. 16. Reforzar la cooperación internacional en materia de contrainteligencia.
Segundo eje: Una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos
En un contexto marcado por la necesidad de recuperación económica, el crecimiento
inclusivo y la creación de empleo requieren políticas de inversión en innovación y
competitividad con visión de futuro, de manera que contribuyan a reforzar la resiliencia
de la sociedad a largo plazo.
Seguridad de los espacios comunes globales
El normal desarrollo de la actividad social y económica depende, en gran medida, de
la libre circulación de personas, bienes, servicios e ideas que se realizan a través de los
espacios comunes globales: el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y
ultraterrestre.
Son espacios de conexión caracterizados por su apertura funcional, la carencia de
fronteras físicas y su fácil accesibilidad. Por otro lado, en los espacios comunes globales
resulta difícil la atribución de cualquier acción irregular o delictiva, dada su extensión, su
débil regulación y la ausencia de soberanía.

En términos de ciberseguridad, se requiere garantizar el uso seguro y fiable del
ciberespacio, para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover
el progreso socio económico. Para ello es importante incrementar las capacidades
(tecnológicas, humanas y económicas) de la ciberseguridad nacional dirigidas a la
prevención, detección, respuesta, recuperación, investigación y defensa activa.
La Carta de Derechos Digitales supone un paso adelante en la protección de los
derechos de la ciudadanía en el entorno virtual actual. Esto incluye el reconocimiento del
derecho a la igualdad en los ámbitos digitales, la no discriminación y la no exclusión.
En la Administración pública, es ineludible avanzar en el modelo de gobernanza de la
ciberseguridad nacional, sobre la base de una mayor eficiencia en los recursos y la
integración de las capacidades nacionales. En este sentido, el Centro de Operaciones de
Ciberseguridad permitirá, mediante la prestación de servicios horizontales, aumentar las
capacidades de vigilancia, detección y respuesta ante ciberataques contra la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como contra las
administraciones autonómicas y locales. Un aspecto relevante será el desarrollo de las
infraestructuras de ciberseguridad en las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Prioridades adicionales son la creación de un sistema de observación y medición de
la situación de la ciberseguridad nacional y la puesta en marcha de una plataforma
nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes que permita medir el
intercambio de información entre organismos públicos y privados en tiempo real.
Por otro lado, será preciso implementar los nuevos requerimientos previstos en el
marco de la Unión Europea en la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Era
Digital y en la adecuación de las nuevas propuestas normativas, que han de incluir la
legislación necesaria para la protección de las redes y sistemas.

cve: BOE-A-2021-21884
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